«Habiendo sido muy positiva la iniciativa de licenciamiento de universidades, el efecto del esfuerzo nos ha dejado un desafío muy importante por resolver”, sostiene Fernando Barrios Ipenza
«Habiendo sido muy positiva la iniciativa de licenciamiento de universidades, el efecto del esfuerzo nos ha dejado un desafío muy importante por resolver: 160,000 jóvenes dejaron de acceder a oportunidades de educación superior en sus ciudades de referencia y en las carreras de su elección. A partir del cierre de algunas Universidades, muchos estudiantes afectados no podrán reinsertarse», señala Fernando Barrios Ipenza, presidente fundador de la Universidad Continental en el siguiente artículo publicado por el diario económico Gestión.
De acuerdo con información registrada este año, los estudiantes de universidades se proyectaban a ser más de 1.4 millones y los de institutos 400 mil. En los últimos diez años dimos un salto muy importante en crear acceso a oportunidades de educación superior para jóvenes entre 17 y 24 años, ya que pasamos de 26% en el 2009 a 35% el 2019. Sin embargo, y a pesar del avance impulsado principalmente por esfuerzos de capital privados, aún estamos muy rezagados si nos comparamos con Chile y Colombia que superan el 54% de cobertura.
Sabiendo que la educación superior es una herramienta importante de movilidad social, monitorear esta brecha es importante porque se traduce en jóvenes que tienen acceso a empleos calificados y que, por lo tanto, aportan a la productividad del país.
Cabe señalar que el número de estudiantes que estudian en universidades públicas ha disminuido. En el 2008, se declararon 309,000 estudiantes en universidades públicas mientras que a finales del 2019 habían 300,000. Sin embargo, el presupuesto total de estas mismas universidades se incrementó de 2,401 millones a 5,449 en el mismo período, según información del MEF. Se evidencia que en algunos años solo se ha podido ejecutar el 60% del presupuesto proyectado. Debemos fortalecer la universidad pública.
Habiendo sido muy positiva la iniciativa de licenciamiento de universidades, el efecto del esfuerzo nos ha dejado un desafío muy importante por resolver: 160,000 jóvenes dejaron de acceder a oportunidades de educación superior en sus ciudades de referencia y en las carreras de su elección. A partir del cierre de algunas Universidades muchos estudiantes afectados no podrán reinsertarse.
Como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia, las universidades privadas, como principales responsables de indicadores de cobertura y de inclusión social, afrontamos deserciones y reservas de matrícula mayores a 15%, así como tasas de morosidad por encima del 50% con tendencia creciente. En lo que va de la cuarentena, más de 350,000 estudiantes han dejado de estudiar o están en riesgo de dejar de hacerlo.
En el caso de los institutos tecnológicos, de acuerdo con datos de ASISTE —principal gremio privado del sector— las cifras son aún más alarmantes. Ellos declaran que, a fines de abril, solo la mitad de los 480 institutos privados del país estaban funcionando con oferta de educación digital y, a la fecha, hay una deserción de 90,000 estudiantes con una tasa de morosidad de 50% y más 80,000 estudiantes en riesgo de abandono. El futuro de los institutos está riesgo por su atomización ya que hay más de 200 institutos con menos de mil estudiantes, muchos de los cuales representan la única oferta en sus zonas de operación.
Claramente, esta situación representa una crisis profunda a nivel país que debemos gestionar desde el más alto nivel. Sin embargo, las esferas políticas y periodísticas parecen haber decidido asumir una posición cuestionadora y conformacional —en lugar de articuladora—. Solo bastaría analizar los proyectos de ley que hay en el congreso.
Tanto Chile como Colombia han diseñado políticas de apoyo crediticio a la demanda de educación superior. El caso del ICETEX en Colombia es muy claro. Al año 2018, tenían 636,000 estudiantes con algún tipo de crédito o subvención, del total de más de 2 millones 240,000 estudiantes. En el caso de Chile, se ha previsto mejorar el sistema de apoyo y el presidente Piñera ha impulsado la rebaja de la tasa de interés a 2% con mecanismos de apoyo estatal. La cobertura en Chile pasó de 600,000 estudiantes en el 2005 a 1.2 millones al 2018, justamente por políticas de financiamiento a la demanda.
En el Perú tenemos Pronabec y una buena experiencia con Beca 18. Lamentablemente, no ha escalado a los niveles que se requieren. Por ejemplo, este año Pronabec ha previsto 5,000 becas universitarias y mil en institutos, pero han postulado más de 74,000. Tenemos una buena institución, pero sin la escala e importancia que se requiere. Acaba de publicarse el DS-116 orientado al financiamiento de becas de continuidad, muy positivo, pero el monto previsto de 80 millones tendría un alcance muy limitado, ojalá se incremente.
El gasto en educación es un tema prioritario para las familias peruanas, ya que hay una correlación directa entre el nivel de estudios alcanzados y los ingresos percibidos. Además, está demostrado que la tasa de retorno de los que tienen educación superior es mucho mayor a los que no la tienen. Inclusive mayor, en términos generales, para quienes estudiaron en instituciones privadas frente a quienes estudiaron en instituciones públicas. Las referencias las encontramos en Pronabec y en estudios de Yamada.
El proceso de licenciamiento de universidades ha concluido, por lo que el piso estaría nivelado en términos de condiciones básicas de calidad. La manera de demostrar que Sunedu logró su propósito sería precisamente dar confianza a las universidades licenciadas, para desplegar su misión y modelo educativo, para crear valor a sus estudiantes. El objetivo sería fortalecer a las universidades para que no solo 3 de cada 10 peruanos y peruanas puedan alcanzar formación superior.
Debido a la dinámica de la regulación no existe suficiente oferta de programas y formas de estudiar que se adapten a las necesidades —cada vez más particulares— de quienes ven en la educación superior una herramienta de progreso. La necesidad de los estudiantes es dinámica.
Sin embargo, las universidades debemos esperar más de un año para crear nuevos programas y formas de entregarlos a nuestros estudiantes. Las universidades e institutos somos exigidos a concentrar nuestros esfuerzos y recursos en cumplir con documentación y tramites que todos sabemos no agregan valor a la calidad.
Consideramos muy positivo que Ministerio de Educación parecería haber dado un paso en el sentido correcto al facilitar la educación virtual, mejorando drásticamente el punto de vista reflejado en la Ley Universitaria. Esperamos con la mejor intención y expectativa que Sunedu evolucione en el mismo sentido.
Está claro que, si esperamos resultados diferentes, necesitamos una visión y una actuación diferentes. Nuestros estudiantes esperan flexibilidad, agilidad, innovación y políticas concertadas; viabilizadoras de progreso social. Nuestro país no necesita una élite académica, sino una sociedad empoderada.
Tenemos una gran oportunidad. No permitamos que nuestro legado post Covid-19 se oriente a reducir la cobertura en la educación superior a niveles en los que se encontraba hace 15 años. Honremos el progreso y el esfuerzo de miles de familias que han confiado en la educación superior como un motor de desarrollo.
